Herencias seguras aquí

Con el fin de gestionar mejor los servicios públicos, los entes estatales (Unión, Estados y Municipios) se valen de la descentralización administrativa, transfiriendo determinadas atribuciones a personas jurídicas creadas por ley, viniendo a constituir la Administración indirecta o descentralizada.

Esta voluntad política materializa a los municipios, fundaciones, empresas públicas y sociedades de economía mixta, regidas unas por el derecho público (autarquías, ciertas fundaciones y consorcios), otras por el derecho privado (otras fundaciones y consorcios, empresas públicas y sociedades de economía mixta).

En cuanto a las fundaciones, hay que ilustrar que, en el pasado, casi todas se rigen por el derecho privado, incluso las creadas por expresa pretensión estatal (ley). Tal contexto viene sufriendo alteraciones con la Constitución de 1988, que en algunos pasajes se refiere a la fundación instituida y mantenida por el poder público.

En la subsiguiente controversia, el Tribunal de Cuentas del Estado de São Paulo (TCE-SO) identifica tres tipos de fundaciones que, de alguna forma, se relacionan con la Administración Pública; son ellas:

La fundación típica.

La fundación de apoyo.

La fundación convenida.

Bajo esta concepción, la fundación típica es la creada y mantenida por el poder público; una especie de autarquía fundacional (por ejemplo, Fundación Zoológica); ya, la fundación de apoyo es instituida, pero no financiada por el Tesoro (por ejemplo, Fundación Padre Anchieta); por último, la fundación convenida no es creada, tampoco bancada por la caja estatal, pero se relaciona, de forma vinculante, con la Administración, mediante contratos duraderos (por ejemplo, FIPE - Fundación Instituto de Investigaciones Económicas).

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