NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA X-24

El primer acto social que realizará Felipe VI será recibir a una delegación de las víctimas del terrorismo, se supone que se refiere al terrorismo etarra. Con ello se reproduce el encuentro que ya tuvo su padre recientemente con el mismo fin.

Admitimos que en el marco constitucional actual, con una Jefatura del Estado limitada a cumplir unos cometidos muy estrictos y de marco parlamentario, es al Ejecutivo al que le corresponde una parte significativa de los actos reglados de esa institución estatal. Por esta razón no se debería repetir esa afrenta comparativa, de establecer varias categorías de víctimas. Con varios frentes internacionales abiertos de carácter institucional, y un inmediato mes de septiembre en el que veremos requerimientos de actuación efectiva de amparo para con las Víctimas de Robo de Niños en España, esta distinción parece otro error del Gobierno, en paralelo (no casual) con la chapucera reforma, hasta la ineficacia, del Derecho Internacional en materia de Justicia Universal. Nos permitimos una consideración sin duda relevante, mientras las víctimas del terrorismo de ETA tuvieron de su lado, desde el primer instante, el legítimo apoyo institucional las víctimas permanentes de estos delitos inhumanos han tenido, y siguen teniendo, el peso de tener que demostrar por su cuenta y a su costa la veracidad de los hechos punibles, sin apoyos y casi siempre con la falta de actividad del Estado, cuando existen indicios muy serios de que agencias del propio Estado estuvieron involucradas, al menos por su falta de diligencia cuando no, posiblemente según se verá, amparando la impunidad de los implicados con normas inexistentes o simplemente inoperativas.  

Las Asociaciones agrupadas en la Federación Coordinadora X 24, tenemos el deber moral, en representación de las víctimas de estos delitos permanentes de lesa humanidad y personas desaparecidas, de exigir el reconocimiento formal de su condición de víctimas a todos los efectos, sin vernos de forma permanente relegados a una situación marginal. El amparo a la Tutela Judicial Efectiva ya reclamada, entre otros y para vergüenza de España, por el Relator Especial de NN.UU. para Personas Desaparecidas en su Informe anual, es un deber del Estado, de todos sus órganos, incluyendo su máximo representante aunque sea simbólico. Una vez más, y ahora con este hecho, exigimos que en base al cúmulo de indicios, testimonios y pruebas que las propias familias han conseguido reunir por sus propios medios, se reconozca formalmente por parte de los Poderes del Estado la condición de víctimas a todos los efectos judiciales y administrativos, al tiempo que a las Asociaciones que les representan se les facilite su labor, y no solo con declaraciones meramente retóricas o instrumentos que tienen por única finalidad la apariencia de eficacia.   

Madrid, 20 de junio, 2014.

Federación Coordinadora X 24 de Asociaciones de Víctimas por Robo de Niños en España