El Estado Español investigado por omisiones administrativas

La comisión europea habría abierto una fase de investigación al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León, por omisiones administrativas. En concreto, la investigación se centra en las omisiones administrativas relativas con el patrimonio histórico de Sasamón (Provincia de Burgos). Las autoridades ante las quejas de los ciudadanos han omitido la situación critica del patrimonio de esta villa. No debemos olvidar que "Segisama" en la epoca del imperio romano fue una ciudad relevante en la península ibérica, y que su colegiata fue incluso catedral en sus tiempos. Dadas las características y importancia del patrimonio de esta villa, y las omisiones administrativas del Estado, se ha iniciado un procedimiento de investigación en la Comisión Europea.

En concreto, se centra la investigación en la omisión de las autoridades en el problema del patrimonio histórico de Sasamón. Los tres puentes romanos de Sasamón, y la Colegiata de Santa María la Real. Una omisión administrativa que incumple normativa nacional, y podría incumplir normativa comunitaria.

La fase de investigación se realiza con el fin de buscar informaciones sobre los hechos y los aspectos jurídicos. En el caso de que la comisión considerase oportuno, tras la fase de investigación, abriría una incoación del procedimiento de infracción. 

En ese caso la Comisión Europea consideraría que existiría una violación de la legislación, y enviaría a la administración autonómica, o al estado,  un "Escrito de requerimiento".

En base a las alegaciones a ese escrito de requerimiento, la Comisión podría enviar un dictamen motivado, mediante el que se ordenase al Estado ( Junta de Castilla y León ) que se ajuste a derecho en un plazo que normalmente suele rondar los dos meses.

Si no se cumpliera el dictamen motivado, la Comisión Europea de oficio podría recurrir al Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea. En estos casos, se suele tardar unos dos años en tomar una decisión judicial.

 Las sentencias del Tribunal de Justicia son diferentes de las de los tribunales nacionales. Al final del procedimiento, el Tribunal de Justicia dicta una sentencia que reconoce (o no) la infracción. El Tribunal de Justicia no puede dictar la anulación de una disposición nacional no conforme al Derecho de la Unión Europea, ni forzar a una Administración nacional a responder a la solicitud de un particular, ni condenar al Estado miembro a pagar daños y perjuicios a un particular lesionado por una violación del Derecho de la Unión Europea.

Corresponde al Estado miembro condenado por el Tribunal de Justicia adoptar las medidas necesarias para cumplir la sentencia, con el fin de resolver el litigio que originó el procedimiento. Si el Estado miembro no cumple, la Comisión puede recurrir de nuevo al Tribunal de Justicia y pedirle que imponga al Estado miembro una multa hasta que éste ponga fin a la infracción.

Sin embargo, el caso se encuentra en fase de investigación, y no hay anticipos sobre la formulación o no del escrito de requerimiento por parte de la Comisión. Si prospera, y finalmente se hace un escrito de requerimiento al Estado, esperemos que las autoridades españolas y de la Junta sepan ceder a tiempo, de lo contrario saltariamos al Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea.