FOBAPROA: La deuda ha pagar hasta 2070

Los factores que provocaron la debacle económica de 1994 comenzaron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Su gobierno comenzó un proceso de apertura y liberalización que se basaba en la atracción de capital extranjero, para estabilizar y hacer crecer a la economía, la cual se encontraba estancada desde la década de los 80.

Luego de la nacionalización de los bancos, se desarrolló en México una banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión cuyos dueños adquirirían posteriormente los bancos durante la reprivatización. Para atraer capitales, el sistema financiero nacional elevó las tasas de interés. En 1987, la crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York provocó el desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar.

A finales de 1994 se da la crisis más grave de la historia contemporánea mexicana. La crisis provocó que las tasas de interés se dispararan causando el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores.

Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos, y los ahorradores no habrían podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva. Un sistema con ese riesgo se convierte en poco confiable, dando lugar a un pánico que lleva a la fuga de más capitales y a que las empresas no puedan cumplir obligaciones, lo que agrava aún más la crisis económica. Ante ese peligro, el gobierno federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores.

En marzo de 1998, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León envió al Poder Legislativo un paquete de cuatro iniciativas para crear un marco legal que redujera las posibilidades de una nueva crisis bancaria, así como para crear mecanismos más eficientes de supervisión a las actividades crediticias y facilitar la capitalización de los bancos. Por tanto, con el objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario, el Poder Ejecutivo propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito (Fogade), instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos.

Asimismo, propuso la instauración de la Comisión para la Recuperación de Bienes, cuya función consistiría en recuperar, administrar y enajenar bienes y derechos que el Fobaproa y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval) adquirieran como resultado de la crisis. La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al Fobaproa fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto ascendió a 552.000 millones de pesos.

En la actualidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura que el nivel de endeudamiento por intereses que se generaron con el Fobaproa, alcanzó los dos billones de pesos, y aunque se le destinen cada año de entre 30 y 50 mil millones de pesos, no es suficiente para que la deuda baje, pues esa cantidad, muchas veces, solo alcanza para cubrir los intereses.

Definitivamente hubiera sido peor dejar quebrar al sistema financiero mexicano, porque el colapso de los bancos hubiera significado el colapso de prácticamente toda la economía del país, incluido el patrimonio de la gente. Donde puede ser más debatible el uso del Fobaproa es con la otra alternativa: el haber nacionalizado los bancos. No obstante, ello no hubiera evitado que el Estado mexicano utilizara recursos públicos para solventar las deudas de privados. Y no nos referimos a las de los banqueros, sino a las de las miles de personas que dejaron de pagar sus créditos porque estos se volvieron impagables como consecuencia de la crisis.