La Misma Mafia de la Cosa Nostra, Falsiroli Civetchi, Cusanno Ford, con nombres Falsos comprados en identificación.

 


Twitter:


https://twitter.com/andreinamorenov/status/614782838894936064


 


Caracas, 5 nov. 2013, Tribuna Popular TP.- El miércoles 30 de octubre en la sede del CORE 2 de Valencia tuvo lugar una reunión entre los representantes del patrono, los trabajadores en conflicto y el Coordinador del Ministerio del Trabajo, José Aponte, con la finalidad de llegar a un acuerdo que resolviera el reinicio de las labores en la planta de la empresa mixta de tecnología CIVETCHI ubicada en la Zona Industrial de Valencia, estado Carabobo.


El encuentro fue convocada a instancias del gobernador, Francisco Ameliach quien mandó un representante; también contó con la presencia del diputado del PCV al CLEC, Arvilio Hidalgo, de Natali Fajardo de CORPIVENSA y del vicealmirante José Manuel Sequeira Do Sacramento, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Carabobo.


En el acta firmada por Aponte, los representantes de los trabajadores y los del patrono, se recogía que no se asumirían por parte de estos últimos retaliaciones de algún tipo contra los trabajadores. Del mismo modo se dejaban asentados los derechos de estos a la organización sindical –aunque Aponte no se cansó de plantear el sustituirla con una coalición de trabajadores; la elección libre, universal y secreta de los delegados de prevención que no ha sido implementado desde que CIVETCHI inició actividades; la revisión de las condiciones y ambiente de trabajo que inciden en riesgos para la salud de los trabajadores y son causantes de accidentes laborales que el patrono no informa ni al Ministerio del Trabajo ni a INPSASEL; y el cese al acoso laboral y al terrorismo patronal hacia los trabajadores.


El despido calificado a todos los trabajadores de CIVETCHI es uno masivo –aún haciéndolo a cuenta gotas–, algo que requiere de una formalidad que la Inspectoría del Trabajo debió evaluar en detalle por la solicitud del patrono. Para eso se necesitan pruebas que se ajusten a sus alegatos. Existe entonces la convicción de lo amañado con lo que el patrono pudo haber presentado, o peor aún, la orden de mucho más arriba en hacerlo cumplir. Recordemos que CIVETCHI es una empresa mixta donde el Estado está representado por CORPIVENSA, institución adscrita al Ministerio de Industrias. La Inspectoría del Trabajo le ha facilitado una patente de corso al patrono Falsiroli para que haga sin la menor vergüenza un lock-out de la planta, algo que acostumbran para salir de un conflicto reabriendo la fábrica con trabajadores esquiroles luego de despedir a los que luchan por sus derechos y reivindicaciones.


La contradicción en el uso del poder político es evidente. Ameliach por un lado consiguiendo que todos los involucrados se sentaran en la resolución del conflicto, y la Inspectoría del Trabajo-CORPIVENSA-Ministerio de Industrias defendiendo al patrono Flavio Falsiroli con el despido masivo de los trabajadores. Mucho más evidente es el papel de José Aponte como Coordinador del Ministerio del Trabajo para la región, pues es el jefe de la inspectora Dorquis Hernández, quien firma las boletas de calificación de despido. José Aponte estaba enterado de las solicitudes de calificación de despido hecha por el patrono de CIVETCHI, toda vez que el paro de actividades se inició el lunes 21 de octubre cuando el gerente de planta Jesús Forero les indicara a los trabajadores que se pararan porque él no estaba en el cargo para atender sus solicitudes sino para hacerlos producir. En cualquier caso, Aponte, quien pretende jugar a dos bandas, tuvo que haber instruido a la inspectora Dorquis Hernández a que continuara con las calificaciones de despedido pues las órdenes por él recibidas vienen directamente del gobierno central.


Se demostrarían así, otra vez, los desmesurados niveles de corrupción que intervienen en el mundo político del chavismo cuando los negocios con el capital privado a través de las empresas mixtas no respetan sus leyes, procedimientos e instituciones al servirles mejor como testaferros de sus intereses. El sector automotriz venezolano es uno de los que más mueven las divisas provenientes de la renta petrolera. Tanto los grandes monopolios internacionales como las medianas empresas nacidas de la mano del capital con el apoyo formal del Estado a través del Ministerio de Industrias y CORPIVENSA, generan sus mayores utilidades de la importación de vehículos y camiones terminados –algo que el propio Flavio Falsiroli ha expresado públicamente. Además hay denuncias de sobreprecio ya que lo importado se hace desde una empresa del Grupo Falsiroli ubicada en Panamá que triangula las adquisiciones desde China. La denuncia establece que un 100% en el precio es aumentado a los repuestos y otro 35% a los vehículos y camiones.


El silencio aplicado a los familiares de los 8 trabajadores presos en Tocuyito por parte de la burocracia gubernamental


Bajo el mismo orden de ideas, el comité de familiares por la libertad de los 8 trabajadores presos en el penal de Tocuyito, quienes desde que inició el paro en CIVETCHI les brindaron su apoyo y solidaridad a sus trabajadores, fueron forzados, por distintos niveles del gobierno nacional y regional, a volver al bajo perfil de mantenerse al margen. Todo bajo el chantaje de no continuar haciendo “sus esfuerzos por la libertad de los 8 trabajadores” si los del comité continuaban difundiendo lo corrupto que resulta la justicia que se prestó a los intereses del patrono Flavio Falsiroli. Otra demostración que cuando se trata de atacar la corrupción primero la burocracia debe velar porque las fallas colaterales no terminen afectando a representantes políticos de relevancia del chavismo. A los 8 trabajadores presos en Tocuyito se les armó una tramoya que contó con el apoyo del SEBIN, CORPIVENSA y el Ministerio de Industrias.


La salida está en la movilización porque nuestros derechos los arrancamos solamente con la lucha.


Es necesaria una respuesta de conjunto de los trabajadores del estado Carabobo que impida con la movilización y la lucha el accionar de las instituciones del trabajo, el patrono y la política anti-obrera de CORPIVENSA-Ministerio de Industrias. Hoy más que nunca la solidaridad con los trabajadores de CIVETCHI se necesita, allá el gobierno y sus negociados con los capitalistas, ese no es el socialismo por el que luchamos los trabajadores.


 El viernes 1° de noviembre en horas de la tarde un funcionario de la Inspectoría del Trabajo, Pipo Arteaga de Valencia, se presentó en la planta de CIVETCHI en la Zona Industrial para hacer entrega de 4 calificaciones de despido y otras 2 notificaciones en trámite por lo mismo; por boca del funcionario otras 6 calificaciones de despido y/o sus notificaciones las estaría entregando el venidero lunes 4 de noviembre. En presencia de los trabajadores de planta Flavio Falsiroli expresó que TODOS LOS TRABAJADORES IBAN A SER DESPEDIDOS, porque contaba con el apoyo para ello tanto de Ricardo Menéndez, Ministro de Industrias, como del presidente Nicolás Maduro. Cuando los trabajadores le recordaron que uno de los puntos del acuerdo era que no se aplicarían retaliaciones a ninguno, como para demostrar con mayor ahínco que la arremetida patronal no cesaría, el gerente de planta Jesús Forero dijo que el acta que él había firmado el miércoles 30 de octubre no tenía validez alguna. Información adicional recabada en la Inspectoría del Trabajo de Valencia confirma que hay más de 100 solicitudes de calificación de despido solicitadas por los representantes del patrono de CIVETCHI.


El despido calificado a todos los trabajadores de CIVETCHI es uno masivo –aún haciéndolo a cuenta gotas–, algo que requiere de una formalidad que la Inspectoría del Trabajo debió evaluar en detalle por la solicitud del patrono. Para eso se necesitan pruebas que se ajusten a sus alegatos. Existe entonces la convicción de lo amañado con lo que el patrono pudo haber presentado, o peor aún, la orden de mucho más arriba en hacerlo cumplir. Recordemos que CIVETCHI es una empresa mixta donde el Estado está representado por CORPIVENSA, institución adscrita al Ministerio de Industrias. La Inspectoría del Trabajo le ha facilitado una patente de corso al patrono Falsiroli para que haga sin la menor vergüenza un lock-out de la planta, algo que acostumbran para salir de un conflicto reabriendo la fábrica con trabajadores esquiroles luego de despedir a los que luchan por sus derechos y reivindicaciones.Oficializada expropiación de ensambladora de vehículos chinos Civetchi, tras escándalo de corrupción.


Por: Panorama Digital | Lunes, 27/02/2017 12:09 PM | Versión para imprimir.


Credito: Archivo.


27-02-17.- Mediante el decreto número 2.732, salió publicada en Gaceta Oficial la expropiación de la empresa ensambladora de vehículos chinos Civetchi, medida que fue tomada luego de la aprehensión de su presidente José Ramón Hernández Gil por irregularidades en la venta de 89 automóviles el pasado 11 de febrero.


"De utilidad pública e interés social, y en consecuencia ordena la adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, bienhechurías, instalaciones, maquinarias y materiales presuntamente propiedad de la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL VENEZOLANO DE TECNOLOGÍA CHINA, CIVETCHI, C.A.; así como todos los bienes, instalaciones, maquinarias y materiales, que formen parte o se hallen dentro de los anteriores, que sirvan para el ensamblaje, distribución y comercialización de vehículos automotores, que sean indispensables para la ejecución de la obra 'Reimpulso Automotriz para el Sector Público y para el Pueblo'", reza el decreto.


A solicitud del Ministerio Público fue privado de libertad el presidente de la junta administradora ad hoc del Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China (Civetchi), José Ramón Hernández Gil (54), por presuntas irregularidades en la venta de 89 vehículos a la empresa Venezuela Productiva.


La situación ocurrida en la ensambladora de vehículos, que opera en la Zona Industrial de Valencia, estado Carabobo, fue denunciada el pasado 23 de enero ante las autoridades.


En la audiencia de presentación, las fiscales 67ª nacional auxiliares, Rubi Padrón y Mercedes Cabrita, imputaron a Hernández Gil por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y defraudación tributaria.


 


Los tipos penales están previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y el Código Orgánico Tributario.


Presidencia de la República.


Decreto N° 2.732.


23 de febrero de 2017.


Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 113 y 115 ejusdem, y de conformidad con la atribución establecida en los artículos 5o y 13 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, y el artículo 3o del Decreto N° 2.667 de fecha 13 de enero de 2017, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, en Consejo de Ministros,


CONSIDERANDO.


Que es deber del Estado proteger y garantizar la independencia, soberanía y seguridad del sector industrial en general, y especialmente el automotriz, para lo cual el Ejecutivo Nacional debe valerse de medidas especiales y excepcionales que combatan el boicot contra la economía y sus efectos en la vida de los ciudadanos y ciudadanas,


CONSIDERANDO.


Que es necesario garantizar la movilidad del Sector Público para el cumplimiento de sus funciones, lo cual es esencial para la seguridad y defensa de la Nación,


CONSIDERANDO.


Que el Ejecutivo Nacional debe propiciar de manera eficaz y eficiente mecanismos contundentes que contribuyan con el impulso del aparato productivo y con el aceleramiento y recuperación de la economía nacional, para lo cual ha sido suficientemente autorizado en el marco del Estado de Excepción,


CONSIDERANDO.


Que ante la afectación de la economía nacional por los embates de la Guerra Económica de los últimos años, la reactivación de la industria automotriz funge como elemento de interés público para el Estado venezolano, constituyéndose como una prioridad a los fines de proveer auto partes y vehículos terminados en el marco de la política económica nacional, así como elemento generador de fuentes de trabajo e ingresos necesarios en beneficio del Pueblo venezolano,


CONSIDERANDO.


Que mediante el uso y aprovechamiento de los bienes presuntamente propiedad de la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL VENEZOLANO DE TECNOLOGÍA CHINA, CIVETCHI, C.A, se consolidará al sector automotriz nacional, para la satisfacción del interés público y colectivo a través ensamblaje, distribución y comercialización de vehículos terminados, partes y piezas automotrices.


DECRETO.


Artículo 1°. De utilidad pública e interés social, y en consecuencia ordena la adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, bienhechurías, instalaciones, maquinarias y materiales presuntamente propiedad de la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL VENEZOLANO DE TECNOLOGÍA CHINA, CIVETCHI, C.A.; así como todos los bienes, instalaciones, maquinarias y materiales, que formen parte o se hallen dentro de los anteriores, que sirvan para el ensamblaje, distribución y comercialización de vehículos automotores, que sean indispensables para la ejecución de la obra "Reimpulso Automotriz para el Sector Público y para el Pueblo", que en el marco del proceso productivo desarrolle el Ejecutivo Nacional a través de los órganos y entes que determine a tal efecto, sobre los siguientes bienes:


a) Un lote de terreno con todos sus anexos, mejoras, construcciones, instalaciones, pertenencias y bienhechurías en él existentes, situado en la Avenida Iribarren Borges cruce con Ernesto Branger, frente a PDVSA Gas Comunal, comprendido dentro de los siguientes linderos:


NORTE: Centro Empresarial Michelena y Empresa AFFINIA; SUR: Con la Aduana Principal de Valencia y el Centro Comercial Aerocentro; ESTE: Con la sede administrativa de PDVSA Gas Comunal y la Empresa Veniequip, S.A.; y OESTE: Con el Campo Deportivo Danaven, la Empresa Danaven y la Fábrica Titán. Dicho lote de terreno tiene Ciento Ochenta y Ocho metros (188 m) de frente y Doscientos Cinco metros (205 m) de profundidad, con una superficie aproximada de Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta metros cuadrados (38.540 m3),


b) Los bienes de cualquier naturaleza, instalaciones, maquinarias, equipos y materiales que fueren necesarios para el ensamblaje, distribución y comercialización de vehículos automotores, que serán destinados para la ejecución de la obra "Reimpulso Automotriz para el Sector Público y para el Pueblo".


Artículo 2o. Los bienes expropiados pasarán libres de gravámenes o limitaciones al patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social.


Artículo 3o. Se califica de urgente realización la ejecución de la obra de utilidad pública ''Reimpulso Automotriz para el Sector Público y para el Pueblo", mediante la puesta en funcionamiento, uso y aprovechamiento de los bienes indicados en el Artículo 1° de este Decreto.


 


Artículo 4o, La Procuraduría General de la República iniciará y tramitará el procedimiento de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, hasta la transferencia del derecho de propiedad de la totalidad de los bienes indicados en el artículo 1o del presente Decreto.


Artículo 5o. En la ejecución del proceso de adquisición forzosa ordenada mediante el presente Decreto, deberán resguardarse de manera especial los derechos y garantías de las trabajadoras y trabajadores que laboran en la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL VENEZOLANO DE TECNOLOGÍA CHINA, CIVETCHI, C.A..


Artículo 6o. Los Ministros del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, y del Poder Popular de Economía y Finanzas, quedan encargados de la ejecución de este Decreto.


Artículo 7o. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.


Dado en Caracas, a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil diecisiete. Años 206° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.


Ejecútese,


(L.S.).


Con el apoyo de la Inspectoría del Trabajo en Valencia


Empresa mixta CIVETCHI no respeta acuerdo firmado para reiniciar labores e intenta despedir a los trabajadores.


Por: Opción Obrera / Aporrea | Miércoles, 06/11/2013 07:42 PM | Versión para imprimir.


Sonrientes y ganando millones a costa del estado venezolano y de la explotación de los trabajadores: Flavio Falsiroli y Giancarlo Falsiroli y Jetzair Torrens, directivos de Civetchi (aajo), junto a Liu Yaoping, gerente General de la empresa de camiones chinos Dongfeng.


SONRIENTES Y GANANDO MILLONES A COSTA DEL ESTADO VENEZOLANO Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES: FLAVIO FALSIROLI Y GIANCARLO FALSIROLI Y JETZAIR TORRENS, DIRECTIVOS DE CIVETCHI (AAJO), JUNTO A LIU YAOPING, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE CAMIONES CHINOS DONGFENG.


Credito: Dinero.com


Trabajadores de CIVETCHI reclaman por sus precarias condiciones laborales. Ni contrato colectivo tienen y no les dejan constituír su sindicato.


TRABAJADORES DE CIVETCHI RECLAMAN POR SUS PRECARIAS CONDICIONES LABORALES. NI CONTRATO COLECTIVO TIENEN Y NO LES DEJAN CONSTITUÍR SU SINDICATO.


Credito: Opción Obrera.


Trabajadores de la emrpesa mixta automotríz CIVETCHI, denuncian obstáculos para la conformación de su sindicato.


TRABAJADORES DE LA EMRPESA MIXTA AUTOMOTRÍZ CIVETCHI, DENUNCIAN OBSTÁCULOS PARA LA CONFORMACIÓN DE SU SINDICATO.


Credito: A. Perez Jimenez.


El miércoles 30 de octubre en la sede del CORE 2 de Valencia tuvo lugar una reunión entre los representantes del patrono, los trabajadores en conflicto y el Coordinador del Ministerio del Trabajo, José Aponte, con la finalidad de llegar a un acuerdo que resolviera el reinicio de las labores en la planta de CIVETCHI ubicada en la Zona Industrial de Valencia.


CIVETCHI es una empresa mixta, que al ser inaugurada prometió una producción de varios miles de unidades anuales, pero que se ha dedicado mayormente a importar vehículos chinos ya armados, usando dólares preferenciales, y ha utilizado diversas artimañas para impedir la constitución del sindicato de trabajadores en dicha empresa, para lo cual ha contado con la inacción de la Inspectoría del Trabajo.


La reunión fue convocada a instancias del gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach quien mandó un representante; también contó con la presencia del diputado del PCV al CLEC, Arvilio Hidalgo, de Natali Fajardo de CORPIVENSA y del vicealmirante José Manuel Sequeira Do Sacramento, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Carabobo.


En el acta firmada por Aponte, los representantes de los trabajadores y los del patrono, se recogía que no se asumirían por parte de estos últimos retaliaciones de algún tipo contra los trabajadores. Del mismo modo se dejaban asentados los derechos de estos a la organización sindical aunque Aponte no se cansó de plantear el sustituirla con una coalición de trabajadores; la elección libre, universal y secreta de los delegados de prevención que no ha sido implementado desde que CIVETCHI inició actividades; la revisión de las condiciones y ambiente de trabajo que inciden en riesgos para la salud de los trabajadores y son causantes de accidentes laborales que el patrono no informa ni al Ministerio del Trabajo ni a INPSASEL; y el cese al acoso laboral y al terrorismo patronal hacia los trabajadores.


 Sin embargo el viernes 1° de noviembre en horas de la tarde un funcionario de la Inspectoría del Trabajo Pipo Arteaga de Valencia se presentó en la planta de CIVETCHI en la Zona Industrial para hacer entrega de 4 calificaciones de despido y otras 2 notificaciones en trámite por lo mismo; por boca del funcionario otras 6 calificaciones de despido y/o sus notificaciones las estaría entregando el venidero lunes 4 de noviembre. En presencia de los trabajadores de planta Flavio Falsiroli expresó que TODOS LOS TRABAJADORES IBAN A SER DESPEDIDOS, porque contaba con el apoyo para ello tanto de Ricardo Menéndez, Ministro de Industrias, como del presidente Nicolás Maduro. Cuando los trabajadores le recordaron que uno de los puntos del acuerdo era que no se aplicarían retaliaciones a ninguno, como para demostrar con mayor ahínco que la arremetida patronal no cesaría, el gerente de planta Jesús Forero dijo que el acta que él había firmado el miércoles 30 de octubre no tenía validez alguna. Información adicional recabada en la Inspectoría del Trabajo de Valencia confirma que hay más de 100 solicitudes de calificación de despido solicitadas por los representantes del patrono de CIVETCHI.


 


El despido calificado a todos los trabajadores de CIVETCHI es uno masivo aún haciéndolo a cuenta gotas, algo que requiere de una formalidad que la Inspectoría del Trabajo debió evaluar en detalle por la solicitud del patrono. Para eso se necesitan pruebas que se ajusten a sus alegatos. Existe entonces la convicción de lo amañado con lo que el patrono pudo haber presentado, o peor aún, la orden de mucho más arriba en hacerlo cumplir. Recordemos que CIVETCHI es una empresa mixta donde el Estado está representado por CORPIVENSA, institución adscrita al Ministerio de Industrias. La Inspectoría del Trabajo le ha facilitado una patente de corso al patrono Falsiroli para que haga sin la menor vergüenza un lock-out de la planta, algo que acostumbran para salir de un conflicto reabriendo la fábrica con trabajadores esquiroles luego de despedir a los que luchan por sus derechos y reivindicaciones.


 La contradicción en el uso del poder político es evidente. Ameliach por un lado consiguiendo que todos los involucrados se sentaran en la resolución del conflicto, y la Inspectoría del Trabajo-CORPIVENSA-Ministerio de Industrias defendiendo al patrono Flavio Falsiroli con el despido masivo de los trabajadores. Mucho más evidente es el papel de José Aponte como Coordinador del Ministerio del Trabajo para la región, pues es el jefe de la inspectora Dorquis Hernández, quien firma las boletas de calificación de despido. José Aponte estaba enterado de las solicitudes de calificación de despido hecha por el patrono de CIVETCHI, toda vez que el paro de actividades se inició el lunes 21 de octubre cuando el gerente de planta Jesús Forero les indicara a los trabajadores que se pararan porque él no estaba en el cargo para atender sus solicitudes sino para hacerlos producir. En cualquier caso, Aponte, quien pretende jugar a dos bandas, tuvo que haber instruido a la inspectora Dorquis Hernández a que continuara con las calificaciones de despedido pues las órdenes por él recibidas vienen directamente del gobierno central.


 Se demostrarían así, otra vez, los desmesurados niveles de corrupción que intervienen en el mundo político del chavismo cuando los negocios con el capital privado a través de las empresas mixtas no respetan sus leyes, procedimientos e instituciones al servirles mejor como testaferros de sus intereses. El sector automotriz venezolano es uno de los que más mueven las divisas provenientes de la renta petrolera. Tanto los grandes monopolios internacionales como las medianas empresas nacidas de la mano del capital con el apoyo formal del Estado a través del Ministerio de Industrias y CORPIVENSA, generan sus mayores utilidades de la importación de vehículos y camiones terminados algo que el propio Flavio Falsiroli ha expresado públicamente. Además hay denuncias de sobreprecio ya que lo importado se hace desde una empresa del Grupo Falsiroli ubicada en Panamá que triangula las adquisiciones desde China. La denuncia establece que un 100% en el precio es aumentado a los repuestos y otro 35% a los vehículos y camiones.


 El silencio aplicado a los familiares de los 8 trabajadores presos en Tocuyito por parte de la burocracia gubernamental.


Bajo el mismo orden de ideas, el comité de familiares por la libertad de los 8 trabajadores presos en el penal de Tocuyito, quienes desde que inició el paro en CIVETCHI les brindaron su apoyo y solidaridad a sus trabajadores, fueron forzados, por distintos niveles del gobierno nacional y regional, a volver al bajo perfil de mantenerse al margen. Todo bajo el chantaje de no continuar haciendo sus esfuerzos por la libertad de los 8 trabajadores si los del comité continuaban difundiendo lo corrupto que resulta la justicia que se prestó a los intereses del patrono Flavio Falsiroli. Otra demostración que cuando se trata de atacar la corrupción primero la burocracia debe velar porque las fallas colaterales no terminen afectando a representantes políticos de relevancia del chavismo. A los 8 trabajadores presos en Tocuyito se les armó una tramoya que contó con el apoyo del SEBIN, CORPIVENSA y el Ministerio de Industrias.


 La salida está en la movilización porque nuestros derechos los arrancamos solamente con la lucha.


Es necesaria una respuesta de conjunto de los trabajadores del estado Carabobo que impida con la movilización y la lucha el accionar de las instituciones del trabajo, el patrono y la política anti-obrera de CORPIVENSA-Ministerio de Industrias. Hoy más que nunca la solidaridad con los trabajadores de CIVETCHI se necesita, allá el gobierno y sus negociados con los capitalistas, ese no es el socialismo por el que luchamos los trabajadores.


NO AL LOCK-OUT PATRONAL AUTORIZADO POR LA INSPECTORÍA DE VALENCIA


NO AL DESPIDO MASIVO DE LOS TRABAJADORES DE CIVETCHI


APOYA Y DIFUNDE.


 SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE CIVETCHI


https://www.aporrea.org/actualidad/n239429.html

FECHA: a las 00:11h (390 Lecturas)

TAGS: GRABACIONES

EN: Sociedad