Responsabilidad patrimonial en administración. Guía para la reparación de daños

Este principio se basa en la idea de justicia y equidad, buscando resarcir a los ciudadanos por los perjuicios sufridos a causa de una actuación irregular o negligente por parte de la administración.

¿Cuándo surge la responsabilidad patrimonial administración?

La responsabilidad patrimonial de la Administración se genera cuando se cumplen los siguientes requisitos:

Daño antijurídico: Debe existir un daño real y efectivo que haya causado un perjuicio patrimonial o moral al ciudadano.

Relación de causalidad: Debe existir una relación directa e inmediata entre el daño causado y el funcionamiento del servicio público.

Hecho antijurídico: La causa del daño debe ser atribuible a un hecho antijurídico de la Administración, como un acto administrativo ilegal, una omisión indebida o un funcionamiento defectuoso del servicio.

Imputabilidad: El hecho antijurídico debe ser imputable a la Administración, es decir, que la Administración haya tenido la obligación de actuar de manera diligente y haber podido evitar el daño.

¿Cómo se tramita una reclamación por responsabilidad patrimonial administración?

Para reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial se debe seguir el siguiente procedimiento:

Presentación de una reclamación previa: Se debe presentar una reclamación previa ante el órgano administrativo responsable del servicio que ha causado el daño.

Silencio administrativo: Si la Administración no resuelve la reclamación previa en el plazo legalmente establecido, se produce el silencio administrativo positivo, lo que permite al ciudadano interponer un recurso contencioso-administrativo.

Recurso contencioso-administrativo: Si la Administración resuelve la reclamación previa de forma desfavorable, el ciudadano puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Contencioso-Administrativo correspondiente.

Ejemplos de responsabilidad patrimonial

Algunos ejemplos comunes incluyen:

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  Daños causados por accidentes de tráfico ocasionados por vehículos de la Administración.

  
  


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  Daños causados por obras públicas defectuosas.

  
  


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  Daños causados por errores en la prestación de servicios públicos, como la atención sanitaria o la educación.

  
  


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  Daños causados por la expropiación forzosa de bienes.

  
  


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  Daños causados por la denegación o la revocación indebida de licencias o permisos.

  
  

La responsabilidad patrimonial en administración es un principio fundamental que garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los daños causados por el funcionamiento defectuoso de la Administración Pública. Si consideras que has sufrido un daño a causa de la Administración, es importante que te asesores con un abogado especializado en derecho administrativo para conocer tus derechos y las vías legales para reclamar una indemnización.