Abogados especialistas en abusos sexuales en Valencia

Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro menor de una actividad de carácter sexual a un niño o niña aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual.

Los abusos sexuales tienen consecuencias emocionales, sexuales y sociales a corto y a largo plazo para las víctimas. El abuso sexual puede ser más o menos violento y, a su vez, englobar diversas conductas y actos sexuales. Los niños y las niñas no son capaces de dar su consentimiento ni de comprender la situación que están viviendo. El tipo de abuso, quién lo comete, así como la respuesta del entorno al mismo, puede determinar el grado de sus consecuencias en la víctima.

Qué sucede cuando se denuncia un abuso sexual

Según el Ministerio del Interior, en 2020 se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes, representando el 50,8 % del total. Sin embargo, 2020 se presenta como un año anómalo, ya que debido a las restricciones por la COVID-19, los principales puntos de detección, como las escuelas, cerraron, lo que posiblemente

provocó un descenso de denuncias. En 2019, se presentaron 6.153 representando un 48,1 % del total. Debemos tener en cuenta que estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15 % de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse.

El proceso judicial

La denuncia la protagonizan la madre y la víctima

Cuando a día de hoy se detecta un caso de abuso sexual, se inicia un proceso judicial doloroso para la víctima. En la mayoría de los casos estudiados, la denuncia se presentó por la víctima (33,8 %), seguida por la madre (28 %), y ambos padres (13,7 %).

Dos años y múltiples declaraciones

Un 63 % de los casos estudiados entre 2019 y 2020 no duraron más de dos años, mientras que en el informe publicado por Save the Children en 2017, Ojos que no quieren ver, la media era de tres años. Así, se aprecia una mejora respecto a años anteriores, aunque actualmente sigue habiendo procesos que superan los cinco años.

Durante el proceso los niños y las niñas declaran de media cuatro veces lo que les ha ocurrido, esto significa que cuentan su historia a diversos profesionales, exponiéndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio por eventuales contradicciones. En la mayoría de los casos, el proceso empieza en dependencias policiales o de la Guardia Civil, y continúa con pruebas periciales y una exploración por la Fiscalía y/o en plenario.

Prueba preconstituida

En un 77,3 % de los casos analizados no se grabó el testimonio, ya que en el 75,7 % ni se solicitó ni se practicó la prueba preconstituida y en un 1,6 % se solicitó, pero no se llegó a grabar. Así, únicamente en un 22,7 % de las sentencias se había preconstituido, es decir, se había grabado previamente el testimonio del niño o de la niña para evitar tener que acudir en persona al juicio. Estos datos reflejan una tendencia, aunque ligera e insuficiente, hacia un aumento del uso de la prueba preconstituida y disminución de la declaración en juicio.

Estructuras judiciales especializadas en violencia contra la infancia

Entre las muchas medidas que incluye la LOPIVI, el texto determina que el Gobierno debe elaborar un Proyecto de Ley para la especialización de la justicia “de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad”, para abordar la atención de la infancia víctima de violencia.